Luego de diez semanas de audiencias, el Tribunal de la Sala VII de Juicio —integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar— dictó sentencia contra ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, internos de la Unidad Carcelaria 1 y familiares vinculados, acusados de formar parte de una organización narcocriminal que operaba desde el interior del penal.
El fallo impuso penas de entre 4 años y 6 meses y 10 años y 6 meses de prisión a los funcionarios penitenciarios, y de entre 1 y 9 años y 6 meses a los internos y familiares involucrados.
La Unidad Fiscal, encabezada por el procurador general Pedro García Castiella e integrada por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, sostuvo que quedó acreditado que los acusados actuaron con jerarquías y roles definidos, sosteniendo un sistema criminal basado en dos pilares:
la comercialización sistemática de drogas dentro del penal, y
la cobranza de sobornos y exacciones ilegales a los internos.
Según la acusación, ambos delitos “reportaron beneficios económicos directos a los imputados y fueron posibles gracias a un apartamiento deliberado y constante de la normativa vigente”.
Durante su alegato final, el procurador García Castiella subrayó la gravedad institucional del caso y advirtió que la corrupción dentro del Servicio Penitenciario “derivó en una vulneración sistemática de derechos humanos”, al permitir que algunos funcionarios decidieran —mediante prácticas extorsivas— quién sufría abusos y quién obtenía privilegios.
El funcionario también destacó que el grupo ilícito contaba con una estructura jerárquica consolidada y llamó a fortalecer los mecanismos de control institucional para evitar la repetición de hechos similares.
PENAS IMPUESTAS
Funcionarios del Servicio Penitenciario:
Francisco Arturo Bisceglia: 10 años y 6 meses de prisión.
Sergio Faustino Moya: 10 años de prisión.
José Luis Alarcón: 8 años.
Raúl Antonio Arjona: 7 años.
Luis Roberto Castaño: 6 años y 6 meses.
Marcos Matías Bucotich García: 6 años.
Rubén Antonio Guaymás: 5 años.
Marcelo Olguín Magno: 4 años y 6 meses.
Internos y familiares:
Manuel Méndez: 19 años y 6 meses (por unificación de condenas).
María Inés Méndez: 9 años.
Héctor Gustavo Banega: 8 años.
María Cristina Galindo: 6 años.
Ivana Marcela Gutiérrez: 6 años.
Nicole Judith Ana Luna: 6 años (cumplimiento domiciliario).
Patricia Daiana del Rosario Flores: 4 años.
Baldomero Darío Córdoba: 2 años (ejecución condicional).
Andrea Abigail Alba: 8 años y 2 meses (unificación de condenas).
La Fiscalía retiró la acusación contra Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño.
