La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) resolvió revocar el permiso excepcional y precario que tenía la empresa La Veloz del Norte para prestar el servicio de transporte interurbano y urbano entre la ciudad de Salta y las localidades de General Güemes, Campo Santo y El Bordo.
La medida se formalizó mediante la Resolución AMT N° 542, firmada en diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial provincial en enero de este año. La decisión se basó en un informe económico negativo elaborado por la Gerencia Económica del organismo, que concluyó que el esquema de funcionamiento resultaba inviable y deficitario desde su implementación.
Según el análisis oficial, los ingresos generados por las líneas A y B del servicio urbano de General Güemes no alcanzaban para cubrir los costos operativos, registrándose pérdidas mes a mes y una caída sostenida en la cantidad de pasajeros transportados. Un dato clave fue la composición de la demanda: el 78% de los usuarios correspondía a beneficiarios del Boleto Gratuito, principalmente estudiantes y jubilados, lo que redujo de forma considerable la recaudación directa.
Para sostener la prestación, el Gobierno de Salta otorgó un subsidio especial superior a los $4,4 millones durante cuatro meses, entre septiembre y diciembre de 2025. Sin embargo, el aporte estatal no logró revertir el déficit ni modificar la tendencia negativa.
Desde la AMT también advirtieron que la situación podía agravarse durante el verano, debido al receso escolar. El boleto gratuito estudiantil explicaba cerca del 65% de los ingresos, por lo que la merma estacional impactaría de lleno en la recaudación.
Con este panorama, el Directorio de la AMT resolvió dejar sin efecto el esquema de recorridos y paradas aprobado en abril de 2025 y revocar el permiso excepcional otorgado a La Veloz del Norte. En la resolución se remarca que este tipo de habilitaciones son de carácter precario y pueden ser revocadas en cualquier momento cuando dejan de existir las condiciones que justificaron su otorgamiento.
La decisión abre ahora un interrogante sobre cómo se garantizará la conectividad entre Salta y el corredor Güemes–Campo Santo–El Bordo, una zona con fuerte dependencia del transporte público y alto impacto del boleto social. El caso vuelve a poner en debate la sustentabilidad del sistema, el rol de los subsidios y la necesidad de esquemas que equilibren inclusión social y viabilidad económica.
