Los municipios cuestionan la resolución de ARCA que limita el traslado de mercaderías y advierten sobre sus consecuencias en el empleo, la actividad comercial y los recursos municipales. También solicitaron una medida cautelar para frenar su aplicación mientras se resuelve el planteo.
Las municipalidades de Aguas Blancas y Salvador Mazza presentaron una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Salta contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Buscan que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución General 5910/2026, que introdujo cambios en el Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo.
El reclamo lleva las firmas de los representantes de ambas comunas: el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza. La asistencia legal está a cargo del abogado Adrián Alejandro Albornoz.
Entre las medidas cuestionadas se encuentra el tope de 150 dólares diarios por poblador para el egreso de mercaderías. También objetan la prohibición de trasladar trigo, soja y maíz en cualquiera de sus formas, además de las restricciones para productos presentados en envases de diez kilogramos o más, o su equivalente en volumen.
Según argumentan las comunas, las nuevas condiciones afectaron el movimiento comercial en ambos pasos fronterizos y pusieron en riesgo los ingresos de numerosos trabajadores. Entre los sectores perjudicados mencionan a comerciantes, pequeñas empresas, estibadores, fleteros y transportistas.
En la presentación, los municipios sostienen que el comercio fronterizo representa desde hace décadas una fuente de sustento para numerosas familias de la zona, donde las oportunidades de empleo formal son limitadas. Por ese motivo, consideran que las restricciones no contemplan adecuadamente la realidad social y económica de estas localidades.
El planteo también hace referencia a los denominados “bagayeros” o “bolseros”, cuya actividad es presentada como una forma de autoempleo. En ese sentido, el escrito distingue el trabajo individual de las operaciones organizadas que utilizan mano de obra ajena para eludir las condiciones del régimen.
Desde el punto de vista legal, los demandantes afirman que ARCA habría excedido sus atribuciones al imponer restricciones económicas que, según su interpretación, corresponden a otras autoridades nacionales. Además, cuestionan la falta de fundamentos técnicos suficientes y sostienen que las disposiciones afectan el derecho al trabajo y el principio de razonabilidad.
La preocupación también alcanza a las cuentas públicas. De acuerdo con el planteo, la caída de las ventas y de la actividad comercial repercute en la recaudación municipal, al mismo tiempo que crece la demanda de asistencia social para las familias perjudicadas. Por ello, advierten que la situación puede comprometer la autonomía financiera de ambas comunas.
Como parte del amparo, solicitaron una medida cautelar que suspenda la aplicación de la resolución y permita recuperar temporalmente las condiciones anteriores mientras avanza el proceso judicial. Los municipios sostienen que una demora podría agravar la pérdida de empleos, el cierre de negocios y la conflictividad social.
El pedido aclara que la restitución del régimen previo no supone eliminar los controles aduaneros, sino dejar sin efecto las nuevas limitaciones mientras se analiza su legalidad.
Para fundamentar la demanda, también solicitaron información a ARCA sobre las operaciones fronterizas anteriores y posteriores a los cambios, los volúmenes de mercadería y las infracciones registradas. Además, requirieron datos a las cámaras comerciales sobre las pérdidas económicas y a organismos nacionales sobre desempleo, pobreza y posibles alternativas de reconversión laboral en la región.
