El exintendente de Coronel Juan Solá-Morillo, Miguel Atta Gerala, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta en la causa que investigaba el robo y contrabando de rieles del Ferrocarril Belgrano.
La resolución fue dictada por unanimidad por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y la jueza Gabriela Catalano, quienes consideraron que no existen pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal, por lo que aplicaron el beneficio de la duda.
El histórico jefe comunal, destituido en 2024, había llegado al juicio acusado de integrar la maniobra ilegal junto a su hijo, José Miguel “Yopi” Gerala, quien ya fue condenado a seis años de prisión en un juicio abreviado.
Antes de conocerse la sentencia, el juez Batule sostuvo que existe una “sospecha suficiente” para continuar profundizando la investigación, aunque remarcó que no se encontraron pruebas directas que vinculen a Atta Gerala con los delitos.
Durante el proceso sí se acreditó que su hijo proveía herramientas para cortar los rieles, utilizaba mano de obra de comunidades originarias y pagaba coimas a miembros de fuerzas de seguridad para garantizar el traslado de la carga hasta Aguas Blancas, desde donde era cruzada hacia Bolivia por el río Bermejo.
Uno de los puntos analizados fue el uso de una camioneta del exintendente en parte de la maniobra. Sin embargo, el tribunal concluyó que no se pudo demostrar que él conociera el destino que se le daba al vehículo ni que las herramientas utilizadas provinieran del taller municipal instalado en su propiedad.
El testimonio clave que favoreció su absolución fue el de Raúl Manuel, presidente de la comunidad wichí de Pluma de Pato. El referente aseguró que Atta Gerala no tuvo participación en los hechos y señaló directamente a otros responsables, lo que fue considerado determinante por los jueces.
Además, el tribunal sostuvo que el saqueo de rieles habría comenzado en zonas cercanas a la frontera con Bolivia y luego se extendió hacia otras localidades del norte provincial.
En el mismo fallo, un policía fue condenado a tres años de prisión por el delito de cohecho pasivo. Se trata de Mauro Rodríguez, quien habría recibido sobornos en el marco de la maniobra ilegal.
Durante el juicio también se expusieron denuncias de amenazas contra miembros de comunidades originarias, quienes aseguraron haber sido vigilados e intimidados por efectivos policiales vinculados al caso.
La causa, que tomó relevancia pública en marzo de 2024, sigue dejando interrogantes sobre la red de robo y contrabando de hierro en el norte salteño, pese a la absolución del exintendente.
