El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) rechazó la última apelación presentada por el Estado argentino y dejó firme el fallo favorable a Casinos Austria International por la revocación de la licencia de Enjasa en Salta, una decisión adoptada durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
Con esta resolución, la Argentina deberá afrontar una condena económica que supera los 45 millones de dólares entre capital, intereses, costas judiciales y gastos arbitrales. El fallo representa uno de los mayores costos derivados de litigios internacionales vinculados a decisiones administrativas tomadas en la provincia.
El conflicto se originó en 2013, cuando el Ente Regulador de Juegos de Azar (ENREJA) resolvió revocar la licencia de Enjasa, empresa que explotaba el negocio del juego en territorio salteño. La concesión había sido otorgada en 1999, durante la gestión del entonces gobernador Juan Carlos Romero, por un plazo de 30 años.
Posteriormente, la firma Casinos Austria International ingresó como inversora extranjera y pasó a controlar de manera indirecta el 60 por ciento de la compañía. La administración provincial justificó la rescisión de la licencia en supuestas irregularidades administrativas detectadas en el funcionamiento de la empresa.
Sin embargo, el CIADI concluyó que la medida aplicada por el Estado fue “desproporcionada” y consideró que no existían fundamentos suficientes para destruir completamente la inversión extranjera. El tribunal entendió que la decisión constituyó una expropiación ilícita y una violación al tratado bilateral de inversiones firmado entre Argentina y Austria.
El laudo arbitral original había fijado una indemnización de 21,6 millones de dólares, aunque el paso del tiempo y la acumulación de intereses incrementaron significativamente la cifra.
Actualmente, el monto supera los 36 millones de dólares entre capital e intereses, a lo que se suman más de 2 millones de dólares en costas procesales y más de 6,2 millones de euros correspondientes a gastos arbitrales e intereses adicionales.
En ámbitos jurídicos y económicos advierten que la resolución del CIADI podría convertirse en un antecedente relevante para otras causas sensibles vinculadas a concesiones y contratos rescindidos en Salta. Entre los casos mencionados aparecen los litigios relacionados con Aunor, por la rescisión del sistema privado de peajes, y Aguas de Salta, cuya concesión fue anulada en 2009.
