Aunque la Fiscalía y la querella habían avalado que retornara al país mientras se resuelve la causa, el magistrado dio marcha atrás y decidió mantener vigentes las restricciones.
La situación judicial de Agostina Páez sumó en las últimas horas un giro inesperado en Brasil. Cuando todo parecía encaminado para que la abogada santiagueña pudiera regresar a la Argentina mientras avanza el expediente por injuria racial, el juez de la causa resolvió mantenerla en Río de Janeiro hasta dictar el fallo definitivo.
La decisión cayó mal en el entorno de Páez, ya que contradice el criterio que habían sostenido tanto la Fiscalía como la querella, que no habían puesto objeciones a que la acusada volviera al país. El entendimiento era que la mujer abonara una multa, reparara económicamente a las víctimas y cumpliera en territorio argentino las tareas comunitarias que eventualmente se le impusieran.
La audiencia clave se había realizado este martes y, en un primer momento, el panorama había sido interpretado como favorable para la defensa. Es que la imputación original fue reformulada: en lugar de las tres acusaciones iniciales, que elevaban de manera considerable la expectativa de pena, el Ministerio Público unificó el caso en un único hecho continuado con tres víctimas. Bajo esa calificación, la sanción prevista puede ser reemplazada por servicios comunitarios y una reparación económica.
Sin embargo, el escenario cambió de un día para el otro. Según trascendió, el magistrado decidió no levantar por ahora las medidas cautelares y supeditó cualquier autorización de salida a la presentación de los alegatos finales y al dictado de la sentencia, que podría demorarse entre 15 y 20 días.
