Se trata de una causa iniciada en 2020 y reflotada en 2024. La Fiscalía de Tarija afirma que tiene más de 170 pruebas, con 39 testigos.
Seis años después de la primera denuncia por estupro contra Evo Morales, ahora la Justicia avanzó con un juicio en rebeldía, el pedido de captura y la movilización en defensa del ex presidente de Bolivia tiene al país en vilo. Está acusado de mantener relaciones con una menor de edad mientras fue presidente y con la que habría tenido una hija, por eso la causa es por “trata y tráfico de personas”.
Tras las tumultuosas elecciones de 2019, que terminaron con la salida de Evo Morales del país, en 2020 el gobierno interino de Janine Añez impulsó una denuncia de estupro contra el expresidente por una supuesta relación que el exmandatario habría con una menor de 15 años entre 2014 y 2016, fruto de la cual habría nacido una hija.
Por entonces,el viceministro de Justicia, Guido Melgar, aseguró que recibió una carta anónima que fue corroborada por el Servicio de Registro Civil y el Servicio General de Identificación Personal.
“Habría tenido una relación sentimental con Juan Evo Morales Ayma y habría quedado embarazada, cuando tenía 15 años y cinco meses, teniendo una hija el año 2016, en el mes de febrero, cuando tenía 16 años”, dijo Melgar. “La menor existe, la madre existe y la menor tiene como padre registrado a Juan Evo Morales Ayma”, destacó el viceministro en 2020.
Pero la Fiscalía de Bolivia detuvo la investigación al poco tiempo y la archivó. Morales estaba refugiado en Argentina y en noviembre de ese año asumió el poder Luis Arce, ex ministro de Economía de Evo Morales.
Sin embargo, a partir de las críticas de Evo Morales al presidente Arce, de su mismo partido político, la Fiscalía de Tarija reactivó sus investigaciones e imputó al ex mandatario por trata agravada de personas.
En diciembre de 2024, la fiscal Sandra Gutiérrez, del departamento de Tarija, señaló que Morales fue imputado junto con los padres de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani.
“Acá no hay nada político. Nosotros estamos resguardando los derechos de una persona que, lamentablemente, ha sido vejada. Y esto con el visto bueno de sus padres, lamentablemente, por ello uno de ellos se encuentra con prisión preventiva”, señaló Gutiérrez en referencia a Emeterio Vargas Mamani, quien está detenido.
Pero el año pasado, la por entonces diputada opositora Luciana Campero, afirmó que la joven, ahora de 26 años, pidió asilo político en Argentina. Mostró una larga carta escrita de puño y letra por la mujer en la que confesaba que Evo Morales era el padre de su hija era el ex presidente.
También denunciaba una persecución contra su familia, en especial contra sus padres que están denunciados con los mismos cargos que Morales. En este caso, los padres de la joven están acusados desde la Fiscalía por asumir cargos públicos a cambio de apoyar el vínculo del ex presidente con una menor de edad. También fueron declarados en rebeldía al igual que Morales.
Según las cartas publicadas por la exdiputada, la joven reconoce la relación con Morales desde que tenía 15 años. Pero remarca que su madre se enteró recién al año que nació su hija. Incluso da nombres de ministros de Arce que la contactaron y reimpulsaron la denuncia contra el ex presidente.
Hace nueve días, debía comenzar el juicio contra Morales en Tarija. Ante la ausencia del exmandatario y de sus abogados defensores, el tribunal lo declaró en rebeldía y suspendió el proceso hasta que Morales se presente ante la Justicia o la Policía ejecute la nueva orden de captura que fue emitida el lunes 10.
La Fiscalía de Tarija indicó que los abogados de Morales no presentaron “ninguna clase de justificativo” por su ausencia y, ante la falta de defensa privada en la audiencia, se decidió que el político fuera asistido por abogados de defensa pública.
La defensa de Morales alega que el expresidente no fue notificado personalmente para asistir al inicio del juicio, sino mediante un “edicto” judicial, lo que constituye un “vicio causal de fondo”, y considera que el proceso es “político”.
El ex presidente permanece en el Trópico de Cochabamba, una zona cocalera que es su bastión político y sindical en el centro del país, desde octubre de 2024. Está custodiado por cientos de sus seguidores para impedir su detención por este caso. Clarín lo entrevistó el año pasado en ese lugar y fue tajante: “Si no hay víctima no hay delito”
En su momento, la Policía no pudo ejecutar una orden de captura contra el exmandatario porque sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días, entre octubre y noviembre de 2024, para impedir el ingreso de los agentes a esa zona cocalera.
En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el expresidente y la Fiscalía de Tarija reiteró que reunió más de 170 pruebas de cargo en su contra para el juicio oral, entre ellas 39 declaraciones de testigos.
Durante las elecciones del año pasado, Morales que pidió el voto nulo, fue hasta la escuela a votar sin ser detenido tanto en la elección general como en el balotaje. Las autoridades argumentaron que detenerlo durante los comicios hubiera alterado el orden público.
Ahora, con el cambio de signo político en Bolivia después de 20 años, la Justicia aceleró la causa contra el ex mandatario. Sus seguidores tomaron el aeropuerto de Chimoré, cerca de Lauca Ñ donde se refugia Morales.
A esta movilización, se suman la de obreros y campesinos se que oponen a las reformas que impulsa Rodrigo Paz Pereira, quien asumió hace seis meses la presidencia.
