La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, formuló acusación ante la Oficina Judicial de Garantías contra un efectivo de la Policía de Salta, como presunto autor de los delitos de vejaciones y amenazas, en concurso real, y requirió que la causa avance hacia la instancia de juicio.
La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el 23 de junio de 2026, alrededor de las 18:30, cuando un hombre que había sido demorado era trasladado en la caja de un móvil policial hacia la Comisaría Segunda de la ciudad de Salta.
Según la acusación fiscal, mientras el vehículo circulaba por la zona de calles Alberdi y Mendoza, una mujer que conducía detrás del patrullero habría observado que uno de los efectivos empujaba hacia abajo al hombre demorado y le propinaba golpes mientras permanecía bajo su custodia.
Ante esta situación, la mujer comenzó a tocar bocina y registrar lo sucedido con su teléfono celular, con la intención de que cesaran las agresiones.
De acuerdo con su denuncia, el policía habría reaccionado realizando gestos que interpretó como amenazantes, señalándola con dos dedos desde la altura de la visera de su gorra.
Por su parte, el hombre trasladado también denunció haber recibido golpes y malos tratos durante el recorrido hacia la dependencia policial. Manifestó que el efectivo le habría propinado golpes de puño o puntapiés en la zona de las costillas.
En el marco de la investigación, la Fiscalía de Derechos Humanos incorporó las denuncias de ambas personas, registros audiovisuales aportados por la testigo y filmaciones de cámaras particulares que permitieron reconstruir el recorrido del móvil policial.
También se realizaron análisis de imágenes, tareas de geolocalización del patrullero, declaraciones testimoniales y exámenes médico-legales, entre otras diligencias.
Estas medidas contaron con la intervención de investigadores del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI), quienes analizaron el material audiovisual y las circunstancias del traslado.
A partir de los elementos reunidos, la fiscal Geria sostuvo que existen fundamentos suficientes para llevar a juicio al efectivo policial por el presunto trato violento y abusivo ejercido contra una persona que se encontraba bajo su custodia y por los gestos intimidatorios dirigidos a la mujer que presenció los hechos.
La acusación fue presentada ante la Oficina Judicial de Garantías, con el ofrecimiento de la prueba documental y testimonial correspondiente y la solicitud de que se fije la audiencia de control de acusación.
