Ya se registraron más de 40 denuncias de personas damnificadas en la adquisición de terrenos ubicados a la vera del río Arias, los cuales están declarados como inundables e inhabitables. Continúa la convocatoria a posibles damnificados para que se presenten con la documentación respaldatoria.
En el marco de una investigación que se lleva adelante por una presunta estafa vinculada a la venta ilegal de terrenos en la zona del río Arias, detrás del barrio UPCN, en el municipio de San Lorenzo, el procurador general Pedro García Castiella dispuso mediante Resolución 1718/26, la creación de una Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, considerando la gravedad y la cantidad de hechos investigados.
La intervención de la Delegación San Lorenzo de la Fiscalía Penal 2 del distrito Centro se inició a partir de la denuncia de un hombre de 35 años, quien manifestó haber sido engañado en la adquisición de un lote en Atocha.
Según lo denunciado, el origen de los hechos se remonta a 2023, cuando se produjo una ocupación ilegal de terrenos en la ribera del río Arias. Tras el desalojo policial, un abogado se presentó ante las familias afectadas ofreciendo asesoramiento legal.
El letrado habría asegurado que iniciaría acciones judiciales para lograr la cesión de las tierras, solicitando a los interesados la firma de poderes para su representación. Además, les habría indicado que el trámite estaba avanzado, con aprobaciones administrativas e incluso con resoluciones favorables, y habría prometido la entrega de lotes bajo el nombre de “Loteo Las Victorias”.
En febrero de 2026 se habrían sumado una supuesta gestora y otro abogado, quienes comenzaron a exigir pagos cercanos a los 450.000 pesos por persona, en concepto de trámites administrativos, limpieza de terrenos y gestiones ante organismos públicos.
La maniobra habría alcanzado a unas 400 personas, con montos abonados que van desde 500.000 pesos hasta cifras cercanas a los 8 millones por familia. Los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias, en domicilios particulares o en el estudio jurídico del profesional, con entrega irregular de comprobantes.
El pasado 16 de abril, un grupo de damnificados se presentó en Casa de Gobierno, donde autoridades provinciales informaron que las gestiones atribuidas al abogado carecían de sustento legal, que no existían trámites registrados ante organismos como Recursos Hídricos o Tierra y Bienes, y que los recursos judiciales mencionados habían sido rechazados.
Asimismo, desde el organismo de Tierra y Bienes indicaron que podría tratarse de una maniobra fraudulenta y recomendaron radicar la denuncia formal.
Se confirmó que los terrenos ofrecidos se encuentran en una zona inundable y no apta para asentamientos, lo que agrava la situación de las familias afectadas.
Según lo informado por los miembros de la Unidad Fiscal, ya se formalizaron más de 40 denuncias y se convoca a todas las personas que consideren haber sido perjudicadas a presentarse en la Delegación San Lorenzo con la documentación correspondiente, a fin de avanzar en la investigación. Se solicita que los denunciantes aporten comprobantes de pago y otra documentación que permita acreditar la maniobra denunciada.
Se trabaja ante la presunción de que se trata de una organización que captaba, a través de punteros, familias en situación vulnerable y recaudaba dinero bajo promesas de adjudicación de lotes. Cabe destacar que oportunamente la Intendencia de la Municipalidad de San Lorenzo denunció maniobras en las que se incentivaba la ocupación y toma de terrenos fiscales o pertenecientes al municipio.
