La Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia realizó tres allanamientos en la ciudad de Salta y detuvo a un hombre de 29 años, acusado de presuntas estafas informáticas mediante perfiles falsos de Instagram y una página web que simulaba ser oficial.
La investigación comenzó a partir de la denuncia del apoderado de una empresa fabricante de bicicletas, quien advirtió que estaban utilizando sin autorización su identidad comercial, imágenes y material publicitario para ofrecer bicicletas y accesorios por internet.
Según la denuncia, los compradores realizaban transferencias bancarias y pagos mediante billeteras virtuales, pero nunca recibían los productos. Luego, los supuestos vendedores interrumpían la comunicación.
A medida que avanzó la investigación, la Fiscalía identificó a varios damnificados y analizó información proporcionada por plataformas digitales, entidades bancarias y billeteras virtuales. Los investigadores detectaron coincidencias entre las direcciones IP utilizadas para administrar los perfiles investigados y las asociadas a cuentas que recibían el dinero, además de movimientos financieros entre distintas cuentas.
Con estos elementos, la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, solicitó autorización judicial para realizar los procedimientos. Personal de la Dirección General de Ciberdelincuencia allanó tres domicilios, secuestró dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, y detuvo al sospechoso.
El auxiliar fiscal Nicolás Alonso López representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, en la que el hombre fue imputado como presunto autor del delito de estafa informática, previsto en el artículo 173, inciso 16, del Código Penal.
La jueza del Distrito Centro, Claudia Puertas, controló la legalidad del procedimiento y, tras escuchar los argumentos de las partes, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva del imputado.
La causa continúa bajo investigación para esclarecer los hechos y determinar el alcance de los perjuicios económicos ocasionados a los compradores.
