El Gobierno de Javier Milei quedó en el centro de una nueva polémica por el manejo de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso que se financia con una parte del impuesto a los combustibles y que tiene como destino la construcción, mantenimiento y rehabilitación de rutas nacionales.
Según una investigación basada en documentación oficial, entre 2024 y mayo de 2026 el SisVial recaudó alrededor de $1,5 billones, pero solamente $394.406 millones fueron destinados a obras viales. Esto representa una ejecución cercana al 26% de los recursos disponibles.
El resto del dinero permaneció principalmente colocado en instrumentos financieros. Al 31 de mayo de 2026, el fideicomiso tenía aproximadamente $1,03 billones en inversiones y fondos inmovilizados: unos $854.234 millones estaban colocados en títulos públicos, $146.784 millones en plazos fijos y otros $37.761 millones permanecían en una cuenta corriente. (El País)
La situación generó cuestionamientos porque esos recursos provienen de un impuesto cuya asignación está vinculada al financiamiento de infraestructura vial. La polémica aumentó luego de que el propio Gobierno reconociera que una parte de los fondos del SisVial queda a disposición del Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio fiscal. (Gente de Salta)
Los datos muestran además una marcada diferencia entre los distintos períodos. En 2024 se recaudaron $360.238 millones y se ejecutaron $40.668 millones en obras, mientras que en 2025 ingresaron $692.514 millones y se utilizaron $270.592 millones. Entre enero y mayo de 2026, la recaudación alcanzó $450.500 millones, pero solamente $83.144 millones fueron destinados a obras viales. (Canal Doce Misiones)
El manejo de los fondos también llegó a la Justicia. El juez federal Ernesto Kreplak solicitó informes al Ministerio de Economía, a la Dirección Nacional de Vialidad y al Banco Nación para conocer el destino y la administración de los recursos del SisVial. (MercoPress)
En paralelo, sectores de la oposición y dirigentes políticos reclamaron explicaciones y denunciaron posibles irregularidades en la administración del fideicomiso. Una de las líneas de investigación apunta también a posibles vínculos entre transferencias de fondos y el comportamiento de legisladores durante votaciones clave en el Congreso. (El Destape)
La controversia se da mientras continúan los reclamos por el deterioro de numerosas rutas nacionales. Distintos informes y fallos judiciales vienen poniendo el foco en el estado de la infraestructura vial y en la necesidad de realizar obras de mantenimiento y reparación. (Los Primeros TV)
El Gobierno sostiene que el manejo de los recursos responde a la necesidad de mantener el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, el debate quedó instalado: mientras una parte de los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles permanece en inversiones financieras, las rutas nacionales continúan acumulando reclamos por falta de mantenimiento.
La Justicia deberá determinar ahora si la administración de estos recursos se ajustó al marco legal y cuál fue el destino concreto de los fondos que no fueron aplicados a obras viales. (MercoPress)
